En una clínica de atención primaria en Mongomery County, Maryland, donde fui voluntaria, los pacientes son inmigrantes sin cobertura de Latinoamérica o Africa occidental.
Muchos son trabajadores diurnos, limpiadores de casas, o trabajadores de la construcción. La mayoría no habla inglés.
Varios meses atrás atendí a una panadera hispánica con profunda debilidad, fatiga, hinchazón de los miembros y severo dolor muscular, que luego tuvo que ser hospitalizada por mixedema. Afortunadamente una institución de caridad local aceptó pagar la mayor parte de sus costos de hospitalización, y ella ahora recibe hormonoterapia de reemplazo.
Con una cobertura adecuada su hipotiroidismo podría haber sido diagnosticado temprano y su hospitalización evitada.
En otra oportunidad traté de persuadir a un reticente hombre africano que había sido torturado en prisión, de que el consejo y el apoyo psicológico podrían ayudar en su dolor crónico.
Sin embargo, los servicios de salud mental para inmigrantes sin seguro son escasos y el hombre era reluctante a aventurarse a una parte distante en Washington para un programa dirigido a sobrevivientes de tortura.
Un tercer paciente, un hombre de unos 40 años concurrió con un frasco prácticamente vacío de gotas oftálmicas, que había traído de Ghana para tratamiento de su glaucoma. La enfermedad había prácticamente cegado uno de sus ojos y la visión en el otro era fluctuante. El necesitaba un examen de ojos completo pero esto es dificultoso sobre todo con especialistas dado ser un indigente.
La reforma del subsidio estatal de 1996 restringe el acceso de los inmigrantes a programas como el Medicaid, trasladando la mayor parte de la responsabilidad en salud a los gobiernos locales. La ley requiere que los inmigrantes aguarden cinco años después de obtener la residencia permanente para obtener los beneficios federales. En respuesta, algunos estados y localidades, por ejemplo Illinois, New York, el distrito de Columbia, y ciertos condados de California, han usado sus propios fondos para expandir el seguro de salud aún para niños inmigrantes indocumentados y mujeres embarazadas con bajos ingresos.
Otros estados, sin embargo como Arizona, Colorado, Georgia y Virginia, han aprobado leyes haciendo aún más difícil el acceso a los servicios de salud.
Entonces para los 12 millones de ilegales buscar salud a menudo representa desalentadores encuentros con un sistema fragmentado desconcertante y hostil. La razón de que la mayoría de inmigrantes viene a Norteamérica es para trabajar y ganar dinero. En promedio ellos son jóvenes y más saludables que los nativos americanos entonces tienden a evitar acudir al médico. La mayoría trabaja para empleadores que no ofrecen seguro de salud, y no puede alcanzar cuidado médico. Enfrentan barreras de lenguaje y culturales y muchos tienen temor que su visita a el médico atraiga la atención de los agentes de inmigración.

Independientemente de si tienen o no seguro de salud, los inmigrantes poseen gastos de salud mucho más bajos que los americanos nativos, y análisis recientes indican que ellos contribuyen más a la economía en impuestos que lo que reciben en beneficios públicos. Muchos inmigrantes no buscan tratamientos médicos a menos que estén agudamente enfermos. En nuestra clínica los pacientes con diabetes tipo 2, a menudo tienen síntomas floridos y daño renal incipiente en el momento en que su enfermedad es diagnosticada.

Los inmigrantes viven, trabajan, y concurren a escuelas en comunidades a lo largo de todo el país. Las leyes y barreras burocráticas que reducen el uso preventivo de los servicios de salud, como inmunizaciones y screening para enfermedades infecciosas, se constituyen en una mala política de salud y negar la atención primaria para inmigrantes finalmente incrementa los costos de salud para todos.
Por ejemplo, el parto y su costos para indocumentados están cubiertos bajo el programa Medicaid, pero la mayoría de los estados no cubren el cuidado prenatal, y no hay cobertura para la planificación familiar. Algunos de mis pacientes dicen que ellos les gustaría utilizar anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos o la ligadura tubaria, pero no pueden costearlos.

Recientemente, un grupo bipartidario de senadores americanos, con respaldo en la Casa Blanca, introdujo un proyecto inmigratorio que ofrecía la mejor chance en años de adquirir una reforma sustancial a un sistema disfuncional. Sin embargo el proyecto se topó con la oposición tanto de conservadores como liberales y fué anulado en el senado en junio pasado, afectando cualquier esperanza de reforma inmigratoria durante la actual administración. Como las legislaturas estatales están considerando un número récord de medidas anti inmigratorias este suceso en el senado las facilitaría.
Los indocumentados que representan el 20 por ciento de los 46 millones de personas sin seguro de los estados unidos, necesitan tratamientos de emergencia, incluyendo mujeres embarazadas, niños, adultos con niños dependientes, ancianos, ciegos, o discapacitados con ingresos por debajo del umbral Medicaid, calificando para dicha cobertura de emergencia. En muchos otros casos, los hospitales no reciben pago por sus tratamientos, aunque en el 2003 el Congreso aprobó 250 millones por año por cuatro años, comenzando en el 2005, para compensar parcialmente a los hospitales que tratan inmigrantes indocumentados.
El programa federal Medicaid ha estado siempre restringido a los ciudadanos americanos y residentes legales, pero recientes series de medidas federales y leyes estatales diseñadas para endurecer la elegibilidad han creado nuevas barreras, aún para niños qué son ciudadanos, y han tenido un efecto negativo sobre otros programas que proveen de salud para los inmigrantes. El acta de reducción del déficit del 2005 requiere que todas las personas que deseen renovar su covertura Medicaid, provean una prueba de identidad y ciudadanía americana. Desde que esa medida esta efectiva al menos 8 estados han reportado una dramática declinación en el reclutamiento para Medicaid y, entonces algunos niños han quedado sin inmunizaciones y demoras en su cobertura.
En Georgia, que el año pasado aprobó una ley requiriendo los inmigrantes demostrar una residencia legal en muchas situaciones, nosotros comenzamos a ver un montón de niños que no concurren al médico, dijo Flavia Mercado, una pediatra que dirige el Centro Médico Internacional en el Atlanta Grady Memorial Hospital.
Como ciudadana americana, yo entiendo que se quiera asegurar que los recursos estén disponibles para la gente correcta, dice el Mercado. Pero como puedes negar el acceso a la salud? Si no tratamos y prevenimos la enfermedad la comunidad en su totalidad va a sufrirlo.
Artículo completo en inglés en:
The New England Journal of Medicine
Immigrants and Health Care — At the Intersection of Two Broken Systems
Susan Okie, M.D.